LOS GASOLINEROS CATALANES RECLAMAN UNA NORMATIVA COMÚN EN TODAS LAS CCAA
Manuel Amado Lancho, como Presidente de La Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona (APESBCN), se ha reunido con el Conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, para reivindicar que se modifique la normativa actual ante los problemas de seguridad que entrañan las gasolineras low cost. Durante la reunión mantenida la semana pasada, el Conseller manifestó su compromiso a adaptar la normativa catalana de manera que se garantice la seguridad y los derechos de los consumidores, tal y como ya se hace en otros países europeos.
Actualmente existen unas 500 gasolineras desatendidas en todo el territorio español, aunque sólo Navarra, Andalucía, Murcia, Aragón y Castilla la Mancha recogen en su legislación normas que obligan a dotarlas de personal autorizado.
Manuel Amado ha advertido a Felip Puig de los riesgos que entraña la ausencia de normativa en Catalunya: “Cualquier persona puede acceder a la gasolinera con un recipiente no autorizado y extraer gasolina y trasladarla con fines que pudieran resultar peligrosos”.
Disparidad normativa en las Comunidades Autónomas
Según la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona, el hecho de que en las unidades de suministro no haya personal en pista ni personal especializado en la manipulación de mercancías peligrosas, como los hidrocarburos, puede derivar en riesgos para los usuarios. Los peligros del autoservicio, sin apoyo de un empleado, provienen en parte de la falta de vigilancia del cumplimiento de las normas por parte de los clientes. Por ejemplo, no se puede detectar ni evitar que algún usuario reposte fumando, con las luces encendidas, el motor en marcha o hablando por el teléfono móvil.
La competencia para regular este tipo de establecimientos recae sobre las Comunidades Autónomas. Actualmente en Catalunya existe un vacío legal, puesto que no se recoge ninguna norma que establezca la obligatoriedad de contar con la presencia de personal especializado. De hecho, dentro de España sólo en Navarra, Castilla la Mancha, Aragón y Murcia se dispone que debe haber al menos un operario debidamente formado en estas gasolineras durante todo el horario de apertura. También está regulado en Andalucía, aunque en este caso el personal sólo tiene que estar presente en horario diurno.
APESBCN ha solicitado reiteradamente un cambio en la Ley que regula las unidades de suministro desatendidas. Las peticiones de la Patronal se basan en las conclusiones de un informe, realizado por FIDE Asesores Legales y Tributarios, que demuestra que las llamadas gasolineras Low Cost presentan dificultades para cumplir con la normativa actual en materia de seguridad.
Los gasolineros ya han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Industria. El pasado mes de noviembre representantes de APESBCN se reunieron con responsables de la Secretaría General de Hidrocarburos para advertirles del peligro que suponen estas unidades de suministro en las que ya se han producido algunos accidentes. La respuesta obtenida fue que no se encontraba entre las prioridades de Ministerio modificar la ley que regula dichas unidades de suministro.
Además y citando fuentes sindicales este modelo de unidades de suministro puede llegar a suponer la pérdida de 9.000 puestos de trabajo, lo que significa un 20% del sector.
Estudio de FIDE sobre la normativa en las unidades de suministro Low cost
El informe encargado por APESBCN demuestra que las gasolineras en las que no existe personal entrañan también un riesgo en las operaciones de carga y descarga del combustible, puesto que se pueden producir accidentes y vertidos como el sobrellenado del tanque y posterior vertido, o el vertido superficial del producto en la zona de descarga.
Se apunta también el hecho de que este tipo de establecimientos pueden resultar discriminatorios para personas con algún tipo de discapacidad. Y por último a veces también es difícil cumplir con la normativa que afecta a derechos básicos de consumidores y usuarios, como facilitar el acceso a hojas de reclamaciones o a facturas de compra, e instrumentos “probetas” de comprobación de volumen y calidad del carburante suministrado.
Por todo ello, el citado informe cuestiona la legalidad de las unidades de suministro de carburante no asistidas.
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