...Andalucía introduce la devolución del gasóleo profesional para transportistas?
DEBE SER SATISFECHO EL PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LOS TRANSPORTISTAS ANDALUCES POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE UN GRAVAMEN AUTONÓMICO CONTRARIO AL DERECHO EUROPEO
Desde la derogación del céntimo sanitario, Andalucía, como la mayoría de Comunidades Autónomas, aplica el tipo máximo del recargo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, lo que se traduce en un importe de 4,8 céntimos por cada litro que se consume de gasóleo o gasolina. No obstante, hasta ahora Andalucía era la única región del Estado español que no había establecido el mecanismo de devolución del gasóleo profesional para transportistas.
Esta discriminación fiscal soportada por los transportistas andaluces es finalmente solventada por la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por la que se implanta en Andalucía la devolución del gasóleo profesional a tipo pleno. Por consiguiente, se satisface una vieja reivindicación del colectivo de transportistas y taxistas andaluces corrigiendo a la vez los efectos contraproducentes que tenía el impuesto sobre el consumo y las arcas públicas andaluzas, todo ello redundando en la competividad de las empresas andaluzas, al abaratar el coste del transporte profesional de mercancías y personas y ver reducido el sobrecoste que implicaba tener que repostar en comunidades limítrofes donde sí se aplicaba la devolución del impuesto.
Según Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), la no devolución del recargo autonómico para las empresas de transporte andaluzas ha supuesto la pérdida de ingresos tributarios por valor de 70 millones de euros cada año, debido a que los transportistas han optado por repostar en estaciones de servicio situadas en Comunidades Autónomas limítrofes, donde si tenían derecho a la devolución del tributo. En este sentido, la desventaja fiscal de los transportistas andaluces unida con las recientes modificaciones del recargo autonómico en otras regiones pone de relieve la gran disparidad fiscal existente basada en gran medida en decisiones regionales arbitrarias y unilaterales que afectan a la competencia del sector. Es por ello que desde la federación de transportistas se apuesta por una armonización fiscal a nivel estatal del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Cabe resaltar que la facultad de las Comunidades Autónomas de regular el tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos implica la existencia de tipos diferenciados por razón de territorio de un impuesto armonizado a nivel europeo. Todo ello es contrario al artículo 5 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, que únicamente faculta a los Estado Miembros establecer tipos impositivos diferenciados en función de la calidad o el uso del producto, pero no por razón de territorio. Por tanto, el artículo 50 ter de la Ley de Impuestos Especiales que faculta a las Comunidades Autónomas a fijar un tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos como una suerte de recargo del tipo estatal contraviene la normativa comunitaria.
En consecuencia, el perjuicio económico causado por la Junta de Andalucía a los transportistas andaluces por medio de la aplicación de un gravamen autonómico contrario al derecho europeo debe ser satisfecho. En este caso, será necesario iniciar un procedimiento similar al producido en el caso del céntimo sanitario, instando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pronunciarse acerca de la legalidad del impuesto y reclamando al gobierno autonómico las cantidades indebidamente ingresadas en concepto del impuesto. Asimismo, estos hechos también constituyen una responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía debido al perjuicio económico que han ocasionado sus decisiones arbitrarias sustentadas en un mero afán recaudatorio que ahondan en una clara competencia desleal en el sector, al tener los transportistas andaluces que asumir un sobrecoste en el precio del carburante.
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