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Se interpone Recurso de Casación, contra sentencia dictada por la Sala Séptima de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso interpuesto contra la Orden HAP/703/213, por el que se aprueba el modelo 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos Fraccionados-, donde se alegó, entre otras cosas, que dicha Orden era nula por dos razones: Que fue aprobado sin que mediara el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, y porque la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, específicamente en su artículo 10, es inconstitucional y disconforme con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, entre las que está la Directiva 2008/l18/CE, del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales y por la que se deroga la Directiva 92/2012/CEE en relación con la Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad y que tiene por objeto la armonización en el ámbito europeo del régimen impositivo que recae sobre los mismos.
El TS desestima el recurso interpuesto, sentenciando que vista las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE, este resolvió que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada a ese sistema. Con lo cual, ya la doctrina despeja las dudas suscitadas y confirma la adecuación del impuesto que la Ley 15/2012 establece.
