La Administración General del Estado interpone recurso de casación en el presente caso, presentando como interés casacional para la formación de jurisprudencia, la cuestión relacionada con la determinación, en aras de prevenir y perseguir el fraude o elusión fiscal a través de maniobras de deslocalización de los obligados tributarios, la excepción a la regla general de atribución de competencia de orden territorial contenida en el artículo 84 LGT, eludiendo así la observación inalterable de la asignación competencial por razón del domicilio fiscal del obligado tributario y se aplique así la normativa de organización específica de atribución de competencias de la concreta administración tributaria.
El Tribunal Supremo estima en parte el recurso interpuesto, fijando como doctrina que no cabe equiparar el criterio del domicilio del obligado tributario como elemento determinante de la competencia territorial del órgano de la Administración tributaria, con la delimitación y justificación de los motivos que habilitan la alteración o extensión de la competencia.
