En los últimos días, las autoridades aduaneras y tributarias han actuado en el mercado de los combustibles y carburantes contra las tramas
defraudadoras del IVA y del impuesto especial sobre hidrocarburos.
El fraude en los tributos desde siempre ha adoptado innumerables formas y procedimientos, pero siempre tiene con una única finalidad dejar de ingresar impuestos. Si la cantidad defraudada es superior a 120.000 euros nos encontramos ante la existencia de un delito fiscal, en otras palabras, un procedimiento penal.
La práctica actual defraudadora en este mercado es de sobras conocida, se trata del denominado fraude Carrusel, consistente en la utilización de una serie de empresas interpuestas, denominadas "truchas", que se interponen en el recorrido comercial que realiza la mercancía, desde su origen hasta el momento de su consumo final. De tal forma que una de ellas no ingresa el IVA o bien solicita su aplazamiento, que nunca llegará a pagar.
Nos hallamos ante un mercado, exceptuando los abanderamientos y los contratos en exclusiva, caracterizado por una demanda altamente inelástica que comercializa un único producto que no tiene sustitutos, el carburante. En definitiva, un sector extremadamente sensible donde la elección del proveedor depende única y exclusivamente del precio. Con estas condiciones el defraudador se apresura a bajar el precio lo más rápido posible, ya que sabe con absoluta seguridad y sin la necesidad de asumir ningún tipo de coste o riesgo comercial que así venderá
todos sus productos, eliminando la incertidumbre propia de los mercados.
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