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Febrero de 2024 se caracterizó por una serie de protestas agrícolas que recorrieron todo el territorio español, en demanda de medidas que pusieran fin a las políticas restrictivas que dificultan la actividad del sector.
Con motivo del aniversario, se han vuelto a producir movilizaciones. En concreto, en Catalunya, estos actos de protesta se han concentrado el viernes 07 de febrero.
En respuesta, la Generalitat de Catalunya ha llegado a un acuerdo con el Gremi de la Pagesia (Gremio de Agricultores). Entre otros puntos, el Gobierno catalán se ha comprometido a reducir la parte del impuesto sobre hidrocarburos sobre la que tiene “capacidad normativa”.
El acuerdo cita el artículo 135 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que regula el tipo impositivo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Sin embargo, parece no tener en cuenta no solo que la norma que habilitaba a las Comunidades Autónomas a establecer un tipo impositivo autonómico —el artículo 50 ter de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales— fue derogada en 2019, sino también que esta diferenciación a nivel regional ha sido declarada contraria al Derecho de la Unión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal Supremo ha ordenado su devolución.
Por todo ello, el cumplimiento de este punto del acuerdo parece escapar de la capacidad normativa del Govern. ¿Cuándo se actualizará la norma catalana para impedir que se asuman compromisos de imposible cumplimiento?
