Nos preguntamos por qué…

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...el Gobierno no ha reembolsado totalmente las cantidades abonadas en concepto de IVMDH, pese haberse comprometido a hacerlo.
EL NEGOCIO DE LA ADMINISTRACIÓN CON EL CÉNTIMO SANITARIO
El pasado 13 de noviembre, las portadas de la prensa nacional abrían celebrando el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) por el cual Hacienda se comprometía a devolver íntegramente el importe ingresado en concepto del Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).
Sin embargo, podríamos calificar la alegría de los transportistas como efímera, cuando el pasado mes de marzo el Ministerio de Hacienda perpetró su particular Idus de Marzo.
El Gobierno rechazó devolver las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del céntimo sanitario, presentadas por los contribuyentes que abonaron el impuesto en periodos ya prescritos, es decir, entre los años 2002 y 2010, de un impuesto que fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de febrero de 2014.
En este punto, Hacienda argumentó en su resolución desestimatoria que el término “finalidad específica”, delimitado y definido por la jurisprudencia europea en reiteradas ocasiones, es un “término jurídicamente indeterminado” que permite cierta discrecionalidad a los Estados miembros. Por otro lado, negó que actuara de mala fe, a pesar de mantener en vigor durante diez años un impuesto sobre el que existían elementos fundados de su ilegalidad.
Consumada la traición, el Ministerio de Hacienda en lugar de perseguir y combatir la evasión fiscal, decide enfundarse el traje de defraudador desde el momento en que obliga a los ciudadanos a pagar por un impuesto ilegal con conocimiento de causa, y cuando es descubierto y sancionado, intenta devolver lo menos posible mediante argucias legales y excusas de mal pagador. Vemos nuevamente como el ciudadano desprotegido debe acudir a los tribunales para hacer valer unos derechos previamente reconocidos en el Tribunal europeo, iniciándose un procedimiento judicial lento a la par que costoso.